Una larga agenda feminista pendiente para 2024 | Sociedad

Las listas no son cortas. Ni la de avances en los últimos cuatro años, ni la de cuestiones pendientes para la próxima legislatura. El feminismo, la expansión del movimiento, la conciencia social sobre las distintas formas de violencia machista y, sobre todo, las políticas públicas de igualdad, han experimentado en España una evolución acelerada reconocida por organismos de todo el mundo, entre ellos los de Europa —este año, el país está por primera vez en el cuarto puesto del Índice Europeo de Igualdad de Género—. También, a la vez, hay cuestiones que dificultan, turban, frenan o ralentizan el objetivo de una igualdad no solo sobre el papel, sino real. Entre ellas, el ascenso de la ultraderecha, negacionista de la violencia machista y marcadamente antifeminista; los propios debates internos del feminismo, que han llegado a fracturarlo visiblemente; o las competencias en manos de las autonomías para el desarrollo de normas como la reforma del aborto o la de Libertad Sexual. Leyes en las que se ha puesto el acelerador en estos pasados años y cuyo despliegue será ahora una de las principales tareas del Ministerio de Igualdad, pero no solo. También han quedado cosas por hacer.

A mediados de diciembre, Irene Montero, responsable de esa cartera durante la última legislatura, respondía en una entrevista en este diario que si se arrepentía de algo era “de no haber empezado a tramitar la ley antirracista ni la de trata”. Recordaba que estaban redactadas: “Pero nos faltó encontrar la forma de buscar consensos con el PSOE”. Ahora, la socialista Ana Redondo, a la que Montero pasó el testigo hace poco más de un mes, será la encargada de retomar esas normas, al menos presumiblemente, porque aún los objetivos institucionales no han sido marcados de forma oficial.

El traspaso de carteras en el Ministerio de Igualdad entre Irene Montero y Ana Redondo el 21 de noviembre de 2023.Claudio Álvarez

Desde ese Ministerio explican que “ahora mismo se está trabajando en la comparecencia de líneas generales en el Congreso de los Diputados, que será previsiblemente a mediados o finales de enero, y ahí es donde [la ministra] expondrá las líneas del Ministerio para los próximos cuatro años”. Mientras, sí apuntan a cuestiones que Redondo ya ha adelantado: “Ha apelado en diferentes ocasiones a la unidad del feminismo. Y tenemos la ley de paridad que ya ha pasado por Consejo de Ministros para su remisión al Congreso, y el Pacto de Estado por los derechos LGTBI al que ha hecho referencia el propio presidente del Gobierno”.

¿Qué está pendiente para 2024? Aquí, un listado de las cuestiones que formarán parte de la agenda feminista este 2024.

Violencia machista

Las cifras, a 28 de diciembre, registran 55 mujeres asesinadas en lo que va de año —y dos aún en estado grave después de que lo intentaran sus parejas o exparejas—, el dato más alto desde 2019, y 1.237 desde que existe estadística oficial, en 2003; 56 huérfanos este año, también la cifra más alta en un año desde que se registran, en 2013, y desde entonces son ya 431; dos niñas asesinadas este 2023, una por su padre biológico y otra por la pareja de su madre, 50 desde que se computan por el Gobierno, también en 2013; y 47 mujeres asesinadas fuera de la pareja o expareja desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2023. Los datos no solo de asesinatos, sino de cualquier otra violencia machista, llevan varios años creciendo, en una curva ascendente que tanto el Ministerio de Igualdad como el de Interior explican, en parte, por la conciencia social y la visibilización institucional de este problema estructural que provoca que cada vez se denuncie más.

Sobre esto, la ministra Ana Redondo habló este 28 de diciembre durante una visita oficial a Valladolid: “Son vulneraciones flagrantes, salvajes, de los derechos fundamentales de las mujeres, estamos hablando de dignidad, de la vida, de torturas que probablemente muchas de ellas han sufrido durante meses, durante años”. Y, ha recordado, pronunciaba esas palabras en “una tierra que lamentablemente está gobernada por PP y Vox, y Vox es un partido que niega la violencia de género como violencia estructural y es precisamente lo que es”. Exigía “colaboración en esta lucha”, en la que “ninguna institución puede mirar a otro lado”.

Una de las cuestiones en las que tendrá que trabajar Igualdad será precisamente la resistencia de las autonomías en las que los populares gobiernan con la ultraderecha, tanto para no retroceder en los servicios que las comunidades tienen a disposición de las víctimas como para ejecutar los presupuestos que les llegan desde el Gobierno central para este ámbito. Y, en este sentido, está pendiente el compromiso de gobierno entre PSOE y Sumar de renovar y blindar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Desde el Ministerio de Interior, “el objetivo prioritario del Área de Violencia de Género es la puesta en marcha del Sistema VioGén II”, explican. Esa nueva versión es “una evolución del actual que, sobre una nueva plataforma informática, integrará nuevas bases de datos, lo que aumentará la información disponible del sistema con el objetivo de dotar de mayor predictibilidad (posibilidades de acierto) a los mecanismos de valoración del riesgo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de las mujeres agredidas que denuncian.

Entre las bases de datos nuevas que se van a incorporar están dos de la Policía Nacional (SIDENPOL y ADEXTTRA); SIGO, de la Guardia Civil; el Sistema de Información Penitenciaria (SIP), que recoge información de los presos con causas de violencia de género; SISPE, sobre agresores condenados por violencia machista que están en programas de rehabilitación con medidas alternativas y régimen abierto; y los Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) del Ministerio de Justicia.

Queda, también, la aplicación de las decisiones que a lo largo del último año se han ido tomando en los llamados comités de crisis —reuniones entre Justicia, Interior, Igualdad y las comunidades autónomas cada vez que en un mes se han producido cinco o más asesinatos—, y que tienen que ver con una mejora en la atención y prevención de la violencia a través de distintas áreas como atención primaria, urgencias de hospitales o servicios sociales.

Desarrollo de las leyes aprobadas

En una legislatura, el Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE aprobó tres leyes que suponen avances importantes para las mujeres y el colectivo LGTBIQ: la reforma del aborto, la del solo sí es sí, y la llamada ley trans. El despliegue de esas normativas para hacer efectivos los derechos que se reconocen en ellas, sin embargo, está aún lejos de haberse realizado.

Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Uno de los principales objetivos de esta norma es que el aborto pueda llevarse a cabo en la red sanitaria pública, algo que no ha ocurrido desde que se despenalizó, hace casi 40 años. Para ello, los hospitales deben reorganizar sus servicios, y el primer paso era crear un registro de objetores de conciencia que permitiera a cada centro estructurar sus servicios de ginecología y obstetricia, y eso aún no ha ocurrido. Como tampoco, de forma homogénea, las comunidades han revisado sus currículos formativos para garantizar la educación sexual para todas las etapas de la enseñanza obligatoria que estableció esta reforma.

Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Entre las medidas aún no desarrolladas están los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual. Debían estar en funcionamiento para finales de este 2023 y debían ser, al menos, 52, uno por cada capital de provincia, incluyendo Ceuta y Melilla, pero esto, en manos de las autonomías, tampoco ha sucedido. Entre las que sí lo tienen en marcha están Asturias y Madrid. Y el pasado noviembre se prorrogó su activación hasta diciembre de 2024.

También en esta norma falta aplicar el protocolo en los hospitales que fija los criterios que deben seguirse en la “detección, valoración e intervención” de las agresiones, recientes o del pasado, y ofrecer “una atención sanitaria integral (física, psicológica y social), ágil, respetuosa y eficaz”; un documento que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron el pasado 21 de diciembre pero que ahora debe llegar a los centros. Y, como en la reforma del aborto, la ley del solo sí es sí marcó la introducción de contenidos de educación sexual y afectiva en todas las etapas educativas para prevenir la violencia sexual y las autonomías tampoco han iniciado este proceso.

Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El desarrollo del reglamento y las medidas que estableció esta norma también está pendiente. No solo en lo que marcó para las administraciones públicas, sino también las que establece para empresas, por ejemplo, entre ellas que aquellas que tengan más de 50 personas “deberán contar, en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley [1 de marzo de 2023], con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI”.

Normativas por aprobar

Entre las cuestiones que quedaron sin terminar está la ley antirracista, para la que se alcanzó a redactar un borrador; la ley de trata, que llegó a pasar por órganos consultivos, pero que tras la formación del nuevo gobierno deberá comenzar de nuevo su proceso legislativo; como ocurre con la ley de familias, cuyo anteproyecto se aprobó en Consejo de Ministros el pasado marzo.

Entre las anunciadas para esta nueva legislatura, un Pacto de Estado contra la lgtbifobia; una Ley de Representación Paritaria, cuyo proyecto de ley aprobó ya el Consejo de Ministros el 5 de diciembre; la universalización de la educación pública desde los dos años; y “el mismo nivel protección” a las familias monoparentales con dos hijos [mayoritariamente formadas por mujeres] que a las familias numerosas, según anunció Pedro Sánchez el pasado noviembre.

Y, sin que hayan sido temas verbalizados en los últimos meses ni hayan sido incluidos en el pacto entre PSOE y Sumar, pero que sí formaron parte de los programas electorales de los partidos, están dos de las cuestiones que marcan más la agenda feminista: los vientres de alquiler y la prostitución.

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

_