La Asamblea Legislativa de El Salvador dio su visto bueno este jueves a una enmienda constitucional que autoriza la reelección ilimitada del presidente. Con 57 votos a favor y 3 en contra, los legisladores aprobaron un cambio histórico, abriendo la posibilidad para que el actual presidente, Nayib Bukele, se presente nuevamente en 2029 si así lo desea. Esta enmienda transforma de manera importante el escenario político del país al permitir que un presidente pueda contender por tantos periodos como quiera, siempre que cuente con el apoyo del electorado en las urnas.
El cambio incluye la extensión del periodo presidencial de cinco a seis años, con la posibilidad de que los votantes decidan al inicio y a la mitad del mandato si le otorgan el control de la Asamblea Legislativa. Este control es crucial, ya que es a través de esta Asamblea que se eligen funcionarios de segundo grado y se aprueban o reforman leyes.
Reformas que modifican el proceso electoral y su implicación en las futuras elecciones
Aparte de habilitar la reelección sin límite, los legisladores también dieron su visto bueno para acortar el período de gobierno de Bukele de 2029 a 2027. Esta acción tiene como objetivo hacer coincidir las elecciones presidenciales con las legislativas, permitiendo que ambas se lleven a cabo en el mismo año, lo cual favorecería la participación de los ciudadanos.
Ernesto Castro, quien es el presidente de la Asamblea Legislativa y miembro del partido oficialista Nuevas Ideas, enfatizó que la autoridad reside en los ciudadanos y que la última palabra sobre la reelección debería ser decidida por los salvadoreños mediante su sufragio. No obstante, a pesar de que estas reformas han sido aceptadas, Bukele no ha indicado si intentará un tercer periodo. En una entrevista en junio de 2024, Bukele había señalado que no buscaría la reelección, basándose en la constitución y un pacto personal con su esposa.
Cambio en el sistema de votación y supresión de la segunda vuelta presidencial
Los parlamentarios también suprimieron la segunda ronda en las elecciones presidenciales. En la actualidad, la fórmula presidencial que reciba la mayoría de los votos válidos en la primera ronda será la triunfadora. Antes, la Constitución exigía que un aspirante presidencial ganara con un mínimo del 50 % más uno de los votos válidos para obtener el cargo en la primera ronda.
Esta modificación fue defendida por los diputados de Nuevas Ideas, quienes justificaron la reforma por los ahorros que representaría para el Estado. Horas después de la aprobación, en una nueva sesión plenaria, los legisladores ratificaron el acuerdo de reforma constitucional, afirmando que este día marcaría un antes y un después para El Salvador.
Respuestas de la oposición tras la aprobación de la reforma
La oposición ha criticado duramente la reforma, argumentando que esta modificación podría empujar al país hacia un régimen autoritario. Marcela Villatoro, legisladora del partido conservador Arena, afirmó que con la aceptación de esta reforma “la democracia en El Salvador ha desaparecido”, acusando al gobierno de fomentar la instauración de una dictadura. Mientras tanto, Manuel Flores, líder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), indicó que las reformas representaban un intento del gobierno por aferrarse al poder de manera indefinida, ante el miedo de perder las elecciones venideras.
Claudia Ortiz, de Vamos, también denunció las reformas, calificándolas como un intento de perpetuar el poder en manos de un solo partido y no de devolverlo al pueblo. Para Ortiz, las reformas violan el artículo 88 de la Constitución, que establece que la alternancia en el poder es esencial para mantener el sistema político del país.
Rechazo de la sociedad civil ante la reforma de reelección indefinida
La entidad Acción Ciudadana se ha pronunciado igualmente en oposición a la reforma, argumentando que la posibilidad de reelección sin límite termina con la vía electoral como un mecanismo para la alternancia democrática. De acuerdo con Acción Ciudadana, esta acción podría traer efectos perjudiciales para la estabilidad democrática y el equilibrio de poder en el país.
