La ONCE denuncia una nueva ley de Castilla y León por beneficiar al sector privado del juego | Sociedad

El comité de entidades de representantes de personas con discapacidad (Cermi) en Castilla León y la ONCE han denunciado que la Ley del Juego que ultima la Junta choca con la normativa nacional. La legislación, pendiente de una última comisión parlamentaria antes de saltar a las Cortes autonómicas rumbo a su aprobación, incluye un apéndice donde faculta al Gobierno regional para controlar dónde se instalan las terminales de juego público, como los cupones y la venta de lotería, y las privadas, como salones de apuestas o máquinas tragaperras. La Ley nacional del Juego establece la competencia estatal sobre la cuestión y una sentencia del Tribunal Supremo sienta jurisprudencia sobre que “las loterías de ámbito nacional quedan excluidas del régimen autorizatorio que corresponde a la comunidad autónoma”. El Cermi y la ONCE temen que favorecer al sector privado o bloquear al juego público reduzca las asignaciones obtenidas de este que gestiona la segunda entidad.

La actualización de la vigente legislación de Castilla y León sobre la materia lleva cuajándose un año, periodo largo para procesos como este. El Cermi ha insistido durante estos meses sobre la impertinencia de incluir cláusulas que equiparen al sector del juego público con el privado. Por un lado esgrimen que puede perjudicar a las acciones solidarias derivadas de entidades como la ONCE, quien podría perder beneficios si se ejecutan estas medidas. Por otro argumentan cuestiones jurídicas, pues existe jurisprudencia a raíz de iniciativas sobre otras regiones, como Andalucía, que pretendieron algo similar pero el Tribunal Supremo se lo impidió porque colisionaba con la normativa nacional, que prima sobre las autonómicas. El Supremo sentenció el 27 de octubre de 2015 que “las actividades reservadas, esto es las loterías de ámbito nacional […], quedan excluidas del régimen autorizatorio que corresponde a la comunidad autónoma […], por expreso deseo del legislador estatal, que se ciñe a la autorización de instalación de equipos correspondientes a actividades no reservadas”. Un informe de la Abogacía del Estado de 2017 señala asimismo que “la apertura de locales comerciales o la instalación de equipos informáticos en cualesquiera establecimientos cuando permitan la comercialización de juegos de lotería no está sujeta a autorización autonómica alguna”.

Los reclamantes piden que la normativa no implique que la Junta, a través de la consejería de Presidencia como encargada de los juegos de azar, sea quien otorgue los “títulos habilitantes autonómicos” ni para instalar los terminales de la ONCE. Portavoces de Presidencia declinan pronunciarse: “No tenemos nada que decir sobre este tema”. El Cermi ofreció este miércoles una rueda de prensa junto al responsable de la ONCE en el territorio, Ismael Pérez, quien ha criticado que la norma “no distingue entre el juego público social, seguro y responsable comercializado por la ONCE del juego desarrollado por operadores privados como casas de apuestas, casinos o máquinas tragaperras”. Alejandro Landaluce, director general de Cejuego, patronal del juego privado, describe condiciones ventajosas para su competencia pública y reprocha la diversidad de puntos, algunos compartidos por adultos y niños, donde se puede acceder a sus cupones o boletos: “Las comunidades, que tienen la competencia sobre el juego, deben autorizar y planificar qué oferta de juego quieren, y no creemos sea cuestión de prohibir o de asimilar, sino de cumplir con sus competencias y responsabilidades ante los ciudadanos”.

Yolanda Sacristán, del PSOE, lamenta que se hayan rechazado las enmiendas presentadas por su partido: “Las han tumbado sin fundamentación alguna, la respuesta es que no”. Sacristán destaca dos de ellas, pues aluden a que según “la competencia exclusiva del Estado”, el proyecto “debería quedar excluido por seguridad jurídica y ser respetuosos con la ley 13/2011 de 27 de mayo”. Fuentes participantes del proceso legislativo de esta normativa admiten que un aspecto debatido al respecto son las dificultades para su encaje con la ley estatal.

Tribunal Constitucional

Fuentes próximas al Cermi, que solicitan anonimato, explican que durante este año de trámites legales y negociaciones parlamentarias han insistido al PP de Castilla y León y a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, sobre el perjuicio que consideran asociado al proyecto: “Nos han dado largas, han tenido un inmovilismo absoluto”. Las mismas fuentes consideran que las empresas privadas de apuestas o azar “presionan mucho”, pero insisten en que la jurisprudencia sobre el caso les hace pensar que el Tribunal Constitucional anulará esta normativa por su incompatibilidad sobre la nacional: “No quieren quedar mal con el sector privado, ellos sabrán por qué”.

En su opinión, las empresas privadas de juego resultan atractivas para las comunidades autónomas, porque pagan unos impuestos que reciben directamente las administraciones regionales, mientras que la ONCE y entidades similares tributan a escala nacional, sin pagar cánones como los operadores privados.