El cardenal Omella declina de nuevo comparecer ante la comisión sobre pederastia del Parlamento de Cataluña | Sociedad

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, en una imagen de archivo.JAVIER BELVER (EFE)

La voz de la Conferencia Episcopal Española no se escuchará, de momento, en la comisión de investigación sobre abusos que avanza en el Parlamento de Cataluña. El cardenal y alto jerarca de la Iglesia en España, Juan José Omella, ha descartado mediante una carta su comparecencia en la sesión de este viernes, sumando así dos negativas a participar la investigación promovida por varios grupos de la Cámara catalana. Omella ya había declinado la primera invitación, hace una semana, amparándose en que no tiene ninguna obligación legal en hacerlo.

Inicialmente, tanto Omella como Enric Termes, vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense, y Santiago Bueno, presidente del Tribunal Eclesiástico de Barcelona, habían estado citados para comparecer en la sesión del pasado lunes, 29 de enero. El arzobispo, en una carta que hizo llegar a la presidenta de la Cámara, Anna Erra, excusó su ausencia argumentando que respondía a una decisión “unánime y expresa” de los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense, que agrupa a los de Cataluña.

La mesa de la Comisión de Investigación, que inició actividades el 29 de noviembre de 2022, decidió entonces reprogramar la comparecencia de los jerarcas de la iglesia para este viernes. El reglamento de la Cámara catalana establece que los cargos públicos están obligados a comparecer, pero no así los testigos, y en la mayoría de ocasiones muchos altos cargos del Gobierno declinan la petición. La semana pasada, la presidenta de la comisión, Susana Segovia (En Comú Podem), dijo que trasladaría a la Fiscalía el incumplimiento.

En su primera misiva al Parlament, Omella argumentó la ley le amparaba para no tener que comparecer y que además la Iglesia ya había colaborado contra la lacra de los abusos, por ejemplo, aportando información al informe que el Congreso de los Diputados encargó al Defensor del Pueblo en marzo de hace dos años.