La sequía se ceba con Doñana. El parque atraviesa su momento más crítico y mientras la biodiversidad mengua en la superficie, sus reservas subterráneas están en caída libre por culpa de la agricultura intensiva y el turismo, según aclara el último informe del Gobierno conocido este miércoles y que refleja los bajísimos niveles de su acuífero. Doñana lleva 13 años sin registrar un año húmedo, desde el invierno de 2010, y todos los años hidrológicos han sido normales, secos o muy secos. Desde 1970, la reserva ha registrado tres sequías, pero esta es la peor y más prolongada. El año pasado, calificado como “seco”, solo cayeron 323 litros por metro cuadrado, cuando la media histórica son 523. Por si fuera poco, la temperatura media en el parque fue dos grados superior a la media, hasta alcanzar los 19 grados.
La primera consecuencia es que sus humedales, el ecosistema más emblemático de la reserva, desaparecen de manera rápida y progresiva. El año pasado, solo cuatro de sus nueve lagunas dulces principales tuvieron agua y si la tendencia no se revierte, las aves migratorias pasarán de largo en breve. El enorme acuífero, de 2.409 kilómetros cuadrados y declarado sobreexplotado en 2020, se traga casi todo lo que cae del cielo porque bajo tierra está aguijoneado y cada vez más vacío.
De los 16 sectores que componen la reserva subterránea, ninguno está en situación de normalidad: tres se mantienen en prealerta, tres en alerta y 10 en alarma. Es decir, la mayoría de la superficie del acuífero está en su peor estado posible. Y hay un dato inquietante: cada vez hay más concentración de nitratos por culpa de la agricultura intensiva, basada en el cultivo de fresas.
De las cinco masas de agua de Doñana, tres no alcanzan el buen estado cuantitativo y la de Almonte está clasificada “en mal estado químico” por los expertos que analizan la calidad hídrica a través de 59 sondeos, según el informe preliminar del año hidrológico 2022-2023 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. “Es urgente que por parte de la autoridad competente se tomen medidas para mantener los niveles de nitratos dentro de los marcados por la normativa”, alertan los técnicos que analizan el subsuelo de la reserva.
“El escenario es desconocido hasta ahora, jamás se ha dado un periodo tan largo sin años húmedos, ya llevamos 12. A esto hay que sumarle el aumento de más de dos grados de temperatura y la tendencia es que ya no hay años frescos. El análisis del acuífero es demoledor y ningún sector se ha recuperado, y uno incluso ha empeorado. Sacamos más agua de lo que llueve. Nos estamos bebiendo las reservas y gastando los ahorros, el acuífero está colapsado”, alerta Juan José Carmona, responsable para Doñana de WWF.
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Hace dos semanas el Gobierno y la Junta anunciaron un plan social con 350 millones para intentar lograr que los agricultores con regadíos ilegales abandonen sus invernaderos a cambio de 100.000 euros por hectárea, y hace un año el Ministerio avanzó otro plan de infraestructuras hidráulicas con 356 millones para sacar del coma ecológico a la reserva.
¿Llegan tarde las medidas? El acuífero se declaró sobreexplotado en el verano de 2020 y por ley al año siguiente el Gobierno debía instaurar un plan de extracciones para impedir que se sacara agua por encima de lo que se recarga. Casi cuatro años después, el plan de extracciones aún no existe y la Confederación Hidrográfica justifica el enorme retraso porque antes debe culminar la creación de las comunidades de usuarios con titulares de derechos de agua, aunque no es obligatoria.
“Tras declarar sobreexplotado el acuífero, que es la normativa límite y de la desesperación, el Gobierno debió actuar con urgencia. ¿La culpa es de los políticos por no destinar más fondos o por la espiral de conflicto iniciada por la Junta? Lo cierto es que aún seguimos con el plan de extracciones y la obra de Matalascañas [para alejar los sondeos de los humedales] sigue sin acabarse”, censura Carmona.
Para WWF, la salinización es otro grave problema para el parque identificada por los científicos que estudian la reserva, que califica de gravísima: “Es como echar cemento a un embalse y luego querer recuperarlo y tener que quitar ese cemento con pico y pala, tardaríamos años. Como no lo vemos, no somos conscientes del daño que provoca, porque las plantas que no se puedan adaptar a esa salinización morirán”.
Ecologistas en Acción ha tildado el resultado del informe de “crónica anunciada” y “lenta y progresiva agonía”. “Revertir la situación actual va a ser muy costoso y muy difícil, la mayor infraestructura de agua que tiene Doñana nos la vamos a cargar, va a ser inútil o inservible y eso tendrá consecuencias muy dramáticas para la biodiversidad”, subrayó su portavoz en Huelva, Juan Romero.
Desde 2015 las extracciones legales de cultivos de frutos rojos ―las reconocidas, no las ilegales, que rondan las 795 hectáreas― han disminuido en 10 hectómetros cúbicos gracias a la compra de la finca de Los Mimbrales por parte del Gobierno en 2015 y 3,7 hectómetros cúbicos tras la sustitución por aguas superficiales en la zona Arroyo de Don Gil. Y a pesar de esta reducción, la presión de los agricultores legales e ilegales y el turismo en Matalascañas, a escasos 50 metros del inicio del parque, provoca que las reservas del parque sigan cuesta abajo y sin frenos.
“El actual grado y modo de explotación de los recursos subterráneos del acuífero compromete su buen estado y el de los ecosistemas terrestres que de él dependen, lo que se evidencia en que tres de las cinco masas de agua subterráneas que forman el sistema no alcanzan el buen estado cuantitativo”, advierten los técnicos de la Confederación, que plantean el horizonte de 2027 para lograr que el parque recupere sus niveles de riqueza ecológica de antaño.
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